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Para lograr la conservación
de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos
naturales en Guatemala, es fundamental la participación
de los propietarios de tierras privadas, representados
por pequeños, medianos y grandes propietarios, así
como de cooperativas, comunidades indígenas y ONG
propietarias de tierras bajo conservación y manejo.
Esta necesidad ha sido reconocida por el Estado de
Guatemala en el Decreto 4-89 que establece la Ley de Áreas
Protegidas, el cual proveé el marco legal,
administrativo y conceptual para la inscripción de
tierras privadas con la categoría de Reserva Natural
Privada, como integrantes del Sistema Guatemalteco de Áreas
Protegidas - SIGAP.
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